Nacionales: El país que sale por el Río Paraná
12/06/2026 | 42 visitas
El Paraná vuelve a quedar en el centro de una discusión tan antigua como vigente: quién controla la principal vía de salida de las riquezas argentinas. Mientras el Gobierno nacional avanza hacia la adjudicación de una nueva concesión para el dragado y la administración de la denominada Hidrovía, organizaciones sociales, especialistas y referentes vinculados a la defensa de los recursos estratégicos advierten que detrás de una licitación técnica se juega una disputa mucho más profunda, asociada a la soberanía, el ambiente y el comercio exterior. La polémica volvió a cobrar fuerza esta semana tras la preadjudicación de la concesión a la empresa belga Jan de Nul, que ya había operado el sistema durante décadas. Para Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, el proceso estuvo rodeado de cuestionamientos desde su origen. "No han participado las provincias, se denunciaron irregularidades y no existen estudios de impacto ambiental suficientes", sostuvo en La Cabeza y el Sombrero de Radio Independencia. Aun así, señaló, el proceso siguió adelante y podría quedar definitivamente cerrado en cuestión de días.
La polémica volvió a cobrar fuerza esta semana tras la preadjudicación de la concesión a la empresa belga Jan de Nul, que ya había operado el sistema durante décadas. Para Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, el proceso estuvo rodeado de cuestionamientos desde su origen. "No han participado las provincias, se denunciaron irregularidades y no existen estudios de impacto ambiental suficientes", sostuvo en La Cabeza y el Sombrero de Radio Independencia. Aun así, señaló, el proceso siguió adelante y podría quedar definitivamente cerrado en cuestión de días.
La discusión excede largamente los aspectos administrativos. Urien insiste en que la llamada Hidrovía no es otra cosa que el río Paraná convertido en una arteria clave del comercio mundial. Por allí circula buena parte de las exportaciones argentinas y también mercancías provenientes de países vecinos. "Sale el 80 por ciento del comercio exterior argentino y cerca del 50 por ciento de la proteína vegetal del mundo", remarcó. Por eso considera que la concesión representa "una entrega de soberanía", al dejar en manos privadas y extranjeras el control de una infraestructura estratégica.
Entre las principales preocupaciones aparece el impacto ambiental. El nuevo esquema contempla profundizar el dragado desde los actuales 34 pies hasta 42 pies. Traducido al lenguaje cotidiano, significa remover millones de toneladas adicionales del lecho del río. Para quienes cuestionan la iniciativa, esa decisión puede alterar corrientes, afectar humedales y modificar ecosistemas que sostienen la vida de miles de comunidades ribereñas. "Se va a profundizar un dragado que afecta a los humedales y a los sectores populares vinculados al río", advirtió.
La mirada crítica también apunta hacia la ausencia de una estrategia nacional para recuperar el control de la navegación. En ese punto reaparece una vieja discusión: el Canal Magdalena. Según Urien, la profundización del Canal Punta Indio consolida la dependencia de los puertos uruguayos y posterga una salida directa al Atlántico bajo jurisdicción argentina. "Nos obliga a seguir pasando por Montevideo cuando podríamos tener una conexión propia", explicó.
Para provincias como Chaco, la preocupación adquiere además una dimensión concreta. Urien señaló que la licitación contempla el dragado de la vía principal, pero no el de los accesos a puertos provinciales como Barranqueras. En consecuencia, esas obras deberán ser afrontadas por las jurisdicciones locales. "Es como construir una autopista y dejar sin accesos a las ciudades", graficó.
La pregunta que atraviesa toda la discusión es por qué un tema de semejante magnitud permanece relativamente ausente del debate público. Urien cree que allí se libra otra batalla. "Hay una batalla cultural que no hemos ganado", afirmó. En su diagnóstico, la pérdida de centralidad del tema responde a una combinación de factores: el poder de los grandes grupos económicos involucrados, la concentración de los sistemas de comunicación y una sociedad atravesada por urgencias más inmediatas.
Sin embargo, quienes vienen siguiendo el tema desde hace años no parecen dispuestos a resignarse. Organizaciones ambientales, sindicatos, movimientos sociales y espacios vinculados a la defensa de los bienes comunes impulsan presentaciones judiciales, actividades de difusión y movilizaciones para intentar frenar o, al menos, cuestionar el proceso. "Lo que nos queda es generar conciencia y movilizar", resumió Urien.
Detrás de la discusión técnica sobre dragas, peajes y concesiones asoma una pregunta política de fondo: quién decide sobre el destino de los recursos estratégicos del país. Una pregunta que vuelve una y otra vez sobre las aguas del Paraná, aunque muchas veces permanezca lejos de las portadas y de las conversaciones cotidianas.
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