Hay discusiones que parecen referirse al pasado, pero en realidad hablan del presente. La que atraviesa hoy al Museo Malvinas es una de ellas. Detrás del cambio de nombre de un auditorio, detrás de una ceremonia oficial y detrás de una efeméride vinculada a la soberanía argentina sobre las islas, se libra una batalla más profunda: quiénes tienen derecho a contar la historia de Malvinas y qué lugar ocupan los derechos humanos en ese relato.
La polémica fue planteada por Héctor Ortega, integrante de la Fundación Soberanía y Memoria, quien cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei, de retirar el nombre de Orlando Pascua del auditorio del Museo Malvinas, ubicado en el predio de la ex ESMA. Pascua, excombatiente correntino fallecido en 2015, fue una figura central en el acompañamiento a las denuncias por torturas sufridas por conscriptos argentinos durante la guerra de 1982. Para Ortega, la medida no constituye un simple cambio administrativo ni un homenaje alternativo. Representa una toma de posición política sobre cómo debe recordarse la guerra.
La fecha elegida para concretar la modificación tampoco pasó inadvertida. Ocurrió en el marco del 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, una jornada históricamente asociada a la reivindicación de la soberanía nacional. "Usaron esta fecha para borrar de la memoria toda referencia a los derechos humanos en Malvinas", sostuvo Ortega en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia. Y agregó: "es una canallada inmensa".
La historia de Orlando Pascua ocupa un lugar singular dentro del universo de los excombatientes del nordeste argentino. Su nombre quedó ligado al acompañamiento de los soldados que, a partir de 2007, comenzaron a denunciar judicialmente torturas, estaqueamientos, golpizas y otros castigos sufridos a manos de oficiales y suboficiales argentinos durante el conflicto bélico. Aquellas presentaciones fueron realizadas ante el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, con jurisdicción sobre las islas.
Para Ortega, ese proceso constituyó mucho más que una causa judicial. "En 2007 volvimos a ratificar nuestra soberanía sobre Malvinas", afirmó. La frase tiene una lógica propia: denunciar delitos cometidos en territorio argentino ante un juzgado argentino fue otra forma de ejercer soberanía sobre las islas.
La discusión reaparece cada vez que se intenta separar la causa Malvinas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Ortega rechaza esa división. Recuerda que durante la guerra convivieron actos de heroísmo con situaciones de abandono, hambre y castigos contra jóvenes conscriptos. "Muchos soldados tuvieron más de dos enemigos: el frío, el hambre y algún oficial o suboficial argentino que no estuvo a la altura de las circunstancias", señaló.
En su relato aparecen los soldados correntinos, chaqueños, formoseños y misioneros enviados al Atlántico Sur con ropa inadecuada para enfrentar el invierno austral. Aparecen también las historias de quienes fueron castigados por intentar alimentarse cuando la logística militar no alcanzaba. Y aparecen los nombres propios, esos que suelen quedar perdidos detrás de las estadísticas.
Miguel Ángel Falcón, Fidel Suárez Alegre, Eleodoro Monzón, Eusebio López, Lulo Osuna, Carlos Brusker, el "Pato" Villordo, el "Negro" Zambrino. Nombres que para quienes conocen la historia de Malvinas en la provincia remiten a trayectorias, combates, pérdidas y memorias compartidas. Ortega los fue nombrando uno por uno, como quien se resiste a que el tiempo convierta a las personas en una estadística. "Somos argentinos gracias a esos tipos que eran pibes y les tiraron la enorme tarea de defender a la patria", resumió.
La crítica de Ortega no se limita al cambio de nombre de un auditorio. Apunta a una tendencia más amplia que, según sostiene, intenta reconstruir una memoria de Malvinas despojada de contradicciones, donde sólo hay héroes y gestas militares, pero no víctimas de abusos, desapariciones ni violaciones a los derechos humanos. Una memoria que exalta el orgullo nacional, pero que incomoda cuando aparecen las zonas oscuras de la historia.
"Defiendo la soberanía de Malvinas y voy a defender la memoria histórica de la Argentina hasta el día que me muera", dijo. No lo plantea como una contradicción. Al contrario. Considera que ambas causas son inseparables.
Quizás por eso la conversación terminó lejos del museo y de las decisiones oficiales. Terminó en los pueblos del interior profundo del Chaco, en las familias de los caídos, en las placas olvidadas y en los veteranos que todavía buscan ser escuchados. Porque para Ortega la memoria no se juega solamente en los discursos ni en los actos. También se juega en quiénes son recordados, quiénes son olvidados y quiénes conservan el derecho a contar lo que ocurrió.
Y en esa disputa, cuarenta y cuatro años después de la guerra, Malvinas sigue siendo mucho más que un territorio. También es una forma de discutir qué país quiere recordar la Argentina.
El Paraná vuelve a quedar en el centro de una discusión tan antigua como vigente: quién controla la principal vía de salida de las riquezas argentinas. Mientras el Gobierno nacional avanza hacia la adjudicación de una nueva concesión para el dragado y la administración de la denominada Hidrovía, organizaciones sociales, especialistas y referentes vinculados a la defensa de los recursos estratégicos advierten que detrás de una licitación técnica se juega una disputa mucho más profunda, asociada a la soberanía, el ambiente y el comercio exterior. La polémica volvió a cobrar fuerza esta semana tras la preadjudicación de la concesión a la empresa belga Jan de Nul, que ya había operado el sistema durante décadas. Para Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, el proceso estuvo rodeado de cuestionamientos desde su origen. "No han participado las provincias, se denunciaron irregularidades y no existen estudios de impacto ambiental suficientes", sostuvo en La Cabeza y el Sombrero de Radio Independencia. Aun así, señaló, el proceso siguió adelante y podría quedar definitivamente cerrado en cuestión de días.
La salud pública tiene una particularidad ingrata: cuando funciona, casi nadie la nota. Las vacunas llegan antes de que aparezca el virus, los brotes no ocurren, las enfermedades desaparecen de las guardias y hasta de la memoria colectiva. El problema aparece cuando esa maquinaria comienza a fallar. Entonces regresan viejos fantasmas. Y eso es, precisamente, lo que preocupa al médico sanitarista Oscar Atienza. La chispa que encendió la conversación con La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, fue el envío tardío de vacunas antigripales por parte del Gobierno nacional. Para Atienza, no se trata de una demora administrativa sino de una decisión que llega cuando el virus ya está circulando. "Estamos en junio y el brote ya está en marcha", advirtió. Según explicó, la aparición de una nueva variante de gripe y el comportamiento observado durante los últimos meses en el hemisferio norte anticipaban una temporada especialmente complicada. Las vacunas, sostuvo, deberían haber estado distribuidas entre abril y principios de mayo.
A un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo volvió a reunirse este miércoles bajo una consigna que, para una parte importante de la militancia, dejó de ser apenas una demanda judicial para convertirse en una definición política: "Cristina Libre". El acto, que se replicó en distintos puntos del país y tuvo su expresión en la sede del Partido Justicialista del Chaco -Mitre y Rivadavia, a las 18.30-, apareció atravesado por una certeza que recorre buena parte del universo kirchnerista: la expresidenta sigue ocupando el centro de gravedad de la política argentina aun cuando la Justicia la haya apartado de la competencia electoral.
Miles de argentinos, fundamentalmente de Misiones pero también de Corrientes y Chaco, están cruzando la frontera hacia Brasil en busca de trabajo. María Itumelia Torres, periodista chaqueña radicada en Misiones, corresponsal de InfoSiberia y ex directora de LRA Radio Nacional Iguazú, describió en La cabeza y el sombrero, de Radio Independencia una situación que "ha explotado" y que es "muy dolorosa porque nos pinta esta realidad tan perversa que estamos viviendo".
La presencia de un avión militar estadounidense en el aeropuerto de Ushuaia, perteneciente al Departamento de Defensa de ese país, generó enorme preocupación en las redes y en distintos medios. Guillermo Carmona, ex diputado nacional y ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, analizó en La cabeza y el sombrero, de Radio Independencia este hecho en el contexto de lo que definió como "una avanzada ingerencista, intervencionista de Estados Unidos realmente inusual en la Argentina, favorecida, facilitada y promovida por el gobierno del presidente Milei".