Nacionales: El costo invisible del ajuste en salud

12/06/2026 | 15 visitas
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La salud pública tiene una particularidad ingrata: cuando funciona, casi nadie la nota. Las vacunas llegan antes de que aparezca el virus, los brotes no ocurren, las enfermedades desaparecen de las guardias y hasta de la memoria colectiva. El problema aparece cuando esa maquinaria comienza a fallar. Entonces regresan viejos fantasmas. Y eso es, precisamente, lo que preocupa al médico sanitarista Oscar Atienza. La chispa que encendió la conversación con La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, fue el envío tardío de vacunas antigripales por parte del Gobierno nacional. Para Atienza, no se trata de una demora administrativa sino de una decisión que llega cuando el virus ya está circulando. "Estamos en junio y el brote ya está en marcha", advirtió. Según explicó, la aparición de una nueva variante de gripe y el comportamiento observado durante los últimos meses en el hemisferio norte anticipaban una temporada especialmente complicada. Las vacunas, sostuvo, deberían haber estado distribuidas entre abril y principios de mayo.


Mientras tanto, las consecuencias empiezan a sentirse en hospitales y consultorios. El médico describió una situación de creciente tensión en algunas provincias, donde la ocupación de camas por cuadros respiratorios ya condiciona la atención de otras patologías. "Hay personas que necesitan una cirugía o una internación por enfermedades crónicas y les recomiendan que no vayan porque pueden terminar contagiándose de gripe", relató. La escena recuerda a otros momentos críticos del sistema sanitario, aunque esta vez sin pandemia declarada.

Los datos que observa Atienza tienen un denominador común: los sectores más vulnerables vuelven a quedar expuestos. Los primeros afectados son los niños. Después aparecen los adultos mayores. Son los extremos de la vida, los mismos grupos que históricamente concentraron los esfuerzos de vacunación. "La cobertura no supera el 20 por ciento de los grupos de riesgo", señaló. Y allí aparece una de las principales alarmas: cuando el aumento de casos llegue con fuerza a los mayores de 65 años, advierte, podrían multiplicarse las internaciones y las complicaciones.

Pero la gripe es apenas una parte del cuadro. A lo largo de la entrevista, Atienza dibujó un mapa sanitario mucho más amplio y preocupante. Habló del resurgimiento de enfermedades que parecían controladas, del crecimiento de la sífilis, de la reaparición de la tos convulsa, de las dificultades para acceder a medicamentos y consultas médicas y del deterioro progresivo de programas de prevención que durante años funcionaron como barreras silenciosas.

La imagen más elocuente apareció cuando recordó que existen generaciones enteras de médicos que nunca vieron ciertos cuadros clínicos fuera de los libros. "Jamás había visto un caso de tos convulsa", confesó. Lo mismo ocurre con otras enfermedades infecciosas que durante décadas permanecieron bajo control gracias a campañas de vacunación sostenidas. El regreso de esos diagnósticos, explicó, obliga incluso a volver a entrenar a profesionales que se formaron en un escenario completamente distinto.

Atienza también apuntó contra el crecimiento de los discursos antivacunas y sostuvo que el Estado no sólo dejó de combatirlos, sino que en algunos casos contribuye a debilitarlos por omisión. La consecuencia, según su mirada, es una combinación explosiva: menor cobertura de vacunación, menos campañas de prevención y una creciente dificultad económica para acceder a cuidados básicos.

En ese contexto ubicó también el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Describió un escenario atravesado por la reducción de políticas preventivas, la caída en la distribución de preservativos y un incremento sostenido de casos de sífilis y otras infecciones. "Estamos frente al brote de sífilis más importante de nuestra historia en relación con la cantidad de habitantes", afirmó.

El diagnóstico se vuelve todavía más sombrío cuando proyecta el futuro. Atienza sostiene que los indicadores de mortalidad y morbilidad que hoy comienzan a observarse recién serán visibles en las estadísticas oficiales dentro de algunos años. Sin embargo, asegura que los efectos ya pueden percibirse en los consultorios. Menos controles médicos, dificultades para acceder a medicamentos, problemas en la atención de jubilados y un sistema cada vez más fragmentado conforman, según describe, una trama que terminará reflejándose en los números.

Por eso la pregunta final de la entrevista no estuvo puesta en el presente, sino en el día después. ¿Cuánto tiempo demandará reconstruir lo que se está perdiendo? La respuesta fue tan contundente como inquietante. Recuperar programas, recomponer la confianza en las vacunas, controlar brotes y volver a indicadores sanitarios previos podría llevar entre una y dos décadas. "Va a costar miles de millones de dólares, pero sobre todo va a costar tiempo y vidas", resumió.

La frase funciona como una advertencia, pero también como una definición política de la salud pública. Porque detrás de cada vacuna que llega tarde, de cada campaña que no se hace y de cada programa que desaparece, no hay solamente una discusión presupuestaria. Hay una discusión sobre qué vidas se protegen y cuáles quedan libradas a su suerte.

Días más tarde a la realización de esta nota, en La Cabeza y el Sombrero, Sara Maldonado, de 64 años, integrante de la comunidad Wichí de Misión Nueva Pompeya, murió por tuberculosis. Su fallecimiento fue denunciado por comunidades originarias que mantienen un acampe en El Impenetrable para reclamar atención sanitaria. El caso profundiza las críticas al gobierno de Leandro Zdero por la falta de médicos, medicamentos y ambulancias en la región.


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