A más de tres meses de la desaparición de Axel González, la investigación judicial sigue sin encontrar una pista certera sobre su paradero. La causa continúa en etapa de investigación y, mientras tanto, la familia sigue esperando respuestas. “Nos preocupa que la causa está bastante frenada”, sostuvo la abogada, Romina Duarte, vicepresidenta del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, que interviene como querellante institucional.
Duarte señaló que las últimas medidas de prueba fueron escasas y mencionó, entre ellas, el estudio con georradar que debía realizar Gendarmería y que fue suspendido porque el equipo no funcionaba. La medida fue reprogramada, pero todavía no tiene fecha. También recordó que desde el Comité cuestionaron desde el comienzo la participación de la Policía del Chaco en la investigación, debido a que la familia había señalado que Axel era perseguido por efectivos policiales antes de desaparecer. “Creemos también que desde el primer momento hubo falencias en la investigación judicial y que obviamente eso impactó a posteriori con el desarrollo de la investigación y de la causa”, afirmó en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia.
Uno de los puntos que Duarte considera más delicados es que las primeras medidas de prueba quedaron en manos de la Policía. Las primeras testimoniales, explicó, fueron tomadas en sede policial y no judicial, mientras que la primera pericia sobre los móviles policiales también se realizó sin presencia de la Fiscalía. Más adelante, Gendarmería volvió a peritar vehículos de la fuerza, incluidos móviles de Fontana y Puerto Tirol, a partir de testimonios que ubicaban una camioneta de esa jurisdicción en la zona donde desapareció Axel. Sobre las versiones recientes acerca de resultados positivos de luminol, Duarte aclaró que hubo determinados hallazgos, pero que “no se encuentra algo certero respecto a restos de sangre o restos humanos”.
La investigación tuvo además otros episodios que muestran cómo el paso del tiempo puede jugar en contra. Duarte contó que un testigo modificó su declaración entre una primera presentación y otra realizada horas después y que finalmente declaró en sede judicial tres meses más tarde. “Ahí vos tenés una suerte de pérdida de prueba porque no podés corroborar cuál es la verdadera declaración porque en el primer momento tendría que haber declarado en la justicia”, explicó.
Con la conformación del equipo fiscal integrado por las fiscalas Encina y Arolfo, la investigación comenzó a seguir también la línea vinculada con la actuación policial. Se realizaron allanamientos en domicilios de agentes señalados por la familia y se tomaron muestras del automóvil particular de una policía que estaba de guardia aquella noche. Esas muestras fueron enviadas al MAPINSIS para las pericias correspondientes, mientras permanece pendiente el informe sobre los teléfonos de los policías que fueron secuestrados y analizados por Gendarmería.
Otro elemento que surgió durante la investigación fue una nota anónima presentada en julio en una defensoría, en la que se afirmaba que el cuerpo de Axel habría sido ingresado a un horno. La información no pudo ser comprobada y tampoco se logró identificar a quien dejó el escrito. Duarte cuestionó que, hasta el momento, no se hayan realizado allanamientos en ladrillerías u otros lugares con hornos donde pudiera investigarse esa hipótesis.
También se perdió información que podría haber sido relevante. El Comité había solicitado que se requirieran las imágenes de las cámaras del peaje de Makallé para determinar si algún móvil policial había ingresado hacia el interior de la provincia. Pero el pedido llegó después del plazo de conservación de las imágenes, que es de 35 días. “Esos videos o videos de las cámaras de corredores viales se perdieron”, explicó Duarte. La Fiscalía solicitó entonces un informe con las patentes de los vehículos que atravesaron el peaje durante los días posteriores a la desaparición.
En cuanto a la situación procesal, actualmente hay un civil detenido con prisión preventiva, alojado en la Unidad Penal Federal N° 7. Otros civiles recuperaron la libertad y uno de ellos, Lázaro, fue sobreseído por falta de elementos para sostener una acusación por encubrimiento. Los policías señalados por la familia, en tanto, no están imputados.
Para Duarte, la actuación institucional también merece una discusión. Recordó que durante las primeras semanas Fernando Romero, entonces jefe de la Policía del Chaco, brindaba información pública sobre los rastrillajes y las medidas de investigación e incluso se había entrevistado con policías señalados por la familia. “El jefe de la policía -Fernando Romero- no es fiscal”, remarcó. A su criterio, los efectivos debían ser citados dentro de la causa y con las garantías procesales correspondientes.
Pero la preocupación del Comité no se limita al expediente. Duarte aseguró que desde el comienzo solicitaron asistencia psicológica y social para la madre y las hermanas de Axel, algo que, según sostuvo, todavía no se concretó. La familia, además de buscar a Axel, debe atravesar una investigación extensa y cargada de incertidumbre. “Hay una suerte de no respuestas ni por parte del Poder Judicial, o sea, respuestas certeras sobre lo que está pasando con Axel, y tampoco respuestas por parte del Ejecutivo”, planteó.
En ese contexto se inscriben las recientes declaraciones de María Gómez, la madre de Axel, quien habló públicamente desde la desesperación y llegó a advertir sobre la posibilidad de tomar una determinación drástica. Duarte dijo comprenderla y vinculó esa reacción con la falta de respuestas y de acompañamiento estatal. “Axel todavía no aparece y nadie le está dando respuesta a esa familia”, resumió.
La causa sigue abierta, con medidas pendientes y sin una respuesta sobre qué ocurrió con Axel González. Para el Comité de Prevención de la Tortura, el caso debe abordarse además bajo los protocolos internacionales para investigaciones de presuntas desapariciones forzadas y con un acompañamiento integral a la familia. Mientras tanto, la pregunta que lleva más de tres meses esperando respuesta sigue siendo la misma: dónde está Axel.
Enrique Urien sabe lo que significa quedar bajo agua. En 2019, la localidad pasó cinco meses aislada y hoy vuelve a prepararse para un escenario con El Niño que, según advierten especialistas, podría traer lluvias más intensas y mayores volúmenes de agua en distintas zonas de la provincia. La intendenta Liliana Pascua reclama que la prevención no quede atrapada en reuniones, comités y declaraciones de emergencia: “acá lo que hay que hacer es ponerse a trabajar”. En una comunidad pequeña, con recursos municipales limitados y una ubicación particularmente expuesta, la discusión sobre quién debe hacer qué deja de ser una cuestión administrativa cuando el agua empieza a avanzar.
El agua tiene memoria, aunque las ciudades a veces parezcan empeñadas en perderla. En Resistencia hubo marcas en los postes que indicaban las cotas de inundación, protocolos que ayudaban a entender qué podía pasar y una experiencia acumulada después de episodios que dejaron a la ciudad bajo agua. Algunas de esas herramientas desaparecieron y otras nunca terminaron de convertirse en políticas permanentes. Ahora, con el fenómeno de El Niño como escenario cercano, el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco, vuelve a plantear una discusión que excede largamente a la próxima lluvia: cómo se prepara una ciudad que sabe, por experiencia propia, que es vulnerable. “Con fenómeno del Niño o sin fenómeno del Niño nosotros vivimos en una ciudad vulnerable”, resumió su presidenta, Daniela Petrucci, en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia.
La declaración de una Emergencia Hídrica suele tener algo de carrera contra el reloj. El agua no espera los tiempos de la política, pero las decisiones para enfrentarla sí necesitan reglas, controles y coordinación. Ese fue el planteo de la concejala por el bloque CER, Soledad Villagra frente al debate que atravesó en estas semanas al Concejo Municipal de Resistencia, donde el oficialismo y la oposición terminaron votando despachos diferentes sobre el proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal. Finalmente, la Emergencia fue aprobada este martes.
A una nena con gripe le dan el ibuprofeno en jeringa si tiene menos de dos años, en tapita si tiene más. Es un detalle menor, casi doméstico, hasta que Katia Blanc lo cuenta al aire y revela que en Chaco esa diferencia depende de si hay dosis suficiente para que la familia se vaya con la medicación a casa o no. En Villa Ángela, agrega, hay chicos con fracturas a los que entablillan con cartón y gasa porque no hay insumos. La diputada provincial por el Frente Renovador, integrante del bloque Frente Chaqueño, habló en Radio Independencia, en La Cabeza y el Sombrero, sobre el proyecto que presentó la semana pasada en la Legislatura chaqueña: que los fondos liberados por la suspensión de las PASO -de aprobarse- se destinen, de manera obligatoria y en su totalidad, a la guardia, la farmacia y las cirugías del Hospital Pediátrico.
Una escena se repite en la terapia intensiva del Hospital Perrando y casi nadie la ve: un enfermero corriendo entre tres o cuatro camas cuando el protocolo dice que debería haber uno por paciente. A las tres de la mañana, ese guardapolvo verde es la primera atención que recibe el paciente crítico: maneja la vía aérea, calcula el goteo de drogas inotrópicas, sostiene la presión intracraneana de alguien que se le puede ir entre las manos. Eso, en el sistema de salud del Chaco, no cotiza. Eso, dice Daniel Antunes, ni siquiera se reconoce como práctica profesional compleja.