El coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en lo que va del año se desmontaron ilegalmente 8650 hectáreas de bosques nativos en Chaco, a pesar de existir un fallo judicial que prohíbe esta actividad.
En diálogo con Radio Independencia, denunció que el desmonte avanza sin freno debido a la falta de controles, la debilidad de las multas y la complicidad entre empresarios, gobiernos y sectores judiciales. “Hoy es más delito robarse un pan que destruir un bosque”, ironizó.
Giardini explicó que muchas veces las topadoras secuestradas vuelven a operar en pocos días y que el esquema se repite porque las sanciones económicas resultan irrisorias frente al negocio del suelo desmontado. Sostuvo que las empresas contratistas, más que los propios dueños de los campos, son las que ejecutan la deforestación, lo que dificulta las responsabilidades legales. También señaló que la restauración del bosque dañado puede tardar hasta medio siglo, mientras las consecuencias del daño ambiental son inmediatas y graves.
Desde Greenpeace reclaman una reforma legislativa para incorporar al Código Penal el delito de destrucción de bosques nativos y aseguran que presentaron una causa ante la Corte Suprema, hoy paralizada. Además, impulsan la campaña “votaporlosbosques.org”, donde más de 267 mil personas ya firmaron el petitorio. “Nos estamos cavando nuestra propia fosa con esta deforestación. Necesitamos decisión política y presión ciudadana urgente”, concluyó.
La psicoanalista, escritora y magíster en Ciencias Políticas, Nora Merlin, pplanteó un profundo análisis sobre el "goce de la crueldad" que, según su perspectiva, permea en la sociedad y se refleja en el apoyo a discursos políticos que atentan contra el bienestar colectivo. En La cabeza y el sombrero de Radio Independencia, Merlin abordó la "mutación" de la sociedad y el papel del enojo social, las redes sociales y la ausencia de políticas públicas en el triunfo de la crueldad.
La Fundación La Alameda, dedicada a la lucha contra la trata y la explotación de personas, presentó una denuncia penal contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de poder. La denuncia se basa en un video viralizado en el que el ministro se reúne en Nueva York con Tim Ballard, ex agente de la CIA y fundador de la organización de lucha contra la trata Operation Underground Railroad (OUR), ofreciéndole "blanquear su imagen", presentarle a jueces y fiscales, y participar en la modificación del Código Penal argentino.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat calificó como “nulo” el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Sostuvo que se violaron garantías constitucionales básicas, como la prohibición de la doble persecución penal (ne bis in idem), el principio de juez natural y la competencia territorial.
Aldo Kastón, presidente de la Unión Industrial del Chaco, alertó sobre el deterioro del sector industrial en la provincia y a nivel nacional durante una entrevista en Radio Independencia.
El Dr. en Antropología y profesor de Historia, Alexis Papazián, destacó la relevancia del juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, al afirmar que no solo estableció la veracidad histórica del evento, sino que lo enmarcó en un genocidio mayor contra los pueblos originarios en Argentina. Papazián, quien formó parte del equipo de investigación y peritos que contribuyeron al juicio, enfatizó que la sentencia representa un reconocimiento histórico sin precedentes en el país, que tradicionalmente ha evitado abordar los crímenes contra las comunidades indígenas.