Hay deudas que se toman para comprar una casa, un auto o hacer un negocio. Y hay otras, cada vez más frecuentes, que se toman para llegar a fin de mes. Para pagar la luz, viajar al trabajo, comprar comida. El problema empieza cuando esa cuenta no cierra y, detrás de una deuda que parecía transitoria, aparece la mora. Según planteó la diputada nacional por Unión por la Patria Kelly Olmos, esa realidad ya alcanza a 6 millones de familias y no puede ser leída como un simple desacuerdo entre quien debe y quien pretende cobrar.
“La verdad que fue muy importante para visibilizar un problema que hoy afecta a 6 millones de familias”, dijo Olmos al analizar, en diálogo con La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, la movilización realizada semanas atrás en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de las familias endeudadas. El reclamo tuvo un destinatario político: el Gobierno nacional. Porque, para la legisladora, la mora no apareció por generación espontánea ni es el resultado de una suma de malas decisiones individuales.
“El Gobierno intenta ignorar que lo define como un problema entre privados, cuando en realidad es una consecuencia directa de políticas públicas”, sostuvo. En su diagnóstico, el cuadro se completa con salarios e ingresos que pierden capacidad de compra, aumentos en servicios esenciales y un transporte que se lleva una porción cada vez mayor del presupuesto familiar. “Cada vez hay más dificultad para poder llegar hasta el lugar de trabajo porque los recursos de las familias no alcanzan, se están privando hasta la comida”, describió.
La deuda, en ese escenario, deja de ser una herramienta para convertirse en una forma de aguantar. Se pide hoy para resolver lo que no se puede pagar hoy y se confía en que mañana habrá con qué cubrirlo. Pero mañana llega con intereses, punitorios y nuevos gastos. Y cuando la cuenta ya no tiene salida, la deuda puede terminar en manos de estudios jurídicos o empresas de cobranza.
Olmos fue particularmente crítica con ese tramo del recorrido. “Después ejercen conductas que son incompatibles con la ley porque son niveles de acoso, no de presión, de acoso sobre el deudor, su familia, sus amigos”, afirmó. Para la diputada, el Estado no puede limitarse a mirar desde afuera mientras el conflicto se desarrolla entre una persona que no puede pagar y un acreedor que tampoco logra recuperar lo que prestó.
Desde Unión por la Patria presentaron un proyecto que busca modificar esa relación. La iniciativa propone eliminar los intereses punitorios, establecer límites a las tasas y reducir los gastos que terminan multiplicando el monto original de la deuda. La idea, explicó, es recuperar un criterio de “esfuerzo compartido”.
La lógica es sencilla, aunque el mecanismo financiero no lo sea tanto. Después de un tiempo, explicó Olmos, el acreedor debe considerar determinadas deudas como pérdidas. La propuesta es que parte de esa pérdida permita generar condiciones para que el deudor pueda normalizar su situación. “Una parte de esa pérdida la pueda volver a activar el acreedor sobre la base de que lo otro sea en beneficio del deudor para hacerle posible la normalización”, planteó.
El endeudamiento, además, tiene un reverso que Olmos vincula directamente con el mercado laboral. No se trata solamente de personas que administraron mal sus ingresos, sino de ingresos que ya no alcanzan y de trabajos que, cuando existen, son cada vez más precarios. “Nosotros creemos que no hay solución para la Argentina si no nos preguntamos de qué van a trabajar los argentinos y cómo vamos a hacer para valorizar el trabajo”, sostuvo.
La exministra de Trabajo contrapuso ese diagnóstico con el rumbo económico actual y cuestionó un modelo que, según afirmó, empuja hacia la precarización. El endeudamiento aparece entonces como una de las consecuencias visibles de una economía en la que sostener la vida cotidiana cuesta más y el trabajo garantiza cada vez menos.
Olmos recordó que situaciones de endeudamiento masivo ya fueron abordadas mediante decisiones políticas luego de la crisis de 2001 y durante la pandemia. “El tema perfectamente puede ser asumido desde la política pública y resuelto”, dijo. Y, al buscar una comparación para describir la profundidad de la crisis actual, dejó una de las frases más contundentes de la entrevista: “ahora la pandemia se llama Milei”.
El Congreso tiene, según la diputada, herramientas para intervenir. El problema es político antes que técnico. “La Libertad Avanza usurpa el debate en comisiones”, cuestionó, al referirse a las dificultades que encuentra el proyecto para avanzar.
Seis millones de familias. Una cifra que, por sí sola, corre el riesgo de volverse abstracta. Pero detrás hay cuotas vencidas, tarjetas que ya no dan crédito, llamados insistentes y cuentas que se acumulan. La discusión, para Olmos, es si todo eso seguirá siend
o considerado un problema privado o si, finalmente, alguien asumirá que cuando millones de personas se endeudan para sobrevivir, el problema ya es público.
Hay semanas que cambian el clima de una charla. La anterior había sido gris: todo indicaba que el Senado iba a convalidar la reforma de la ley de tierras. Esta vez Julieta Campo, diputada nacional por Unión por la Patria llega con otra lectura. "Es una demostración de que luchar sirve", dice apenas arranca la charla con La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, y no suena a slogan sino a balance: la calle se movilizó, la dirigencia peronista trabajó voto por voto y el resultado —contra el pronóstico de la semana previa— fue el rechazo del capítulo que habilitaba la extranjerización de tierras.
La contadora y economista, Graciela Treber tiene ese don que escasea en tiempos de spot publicitario travestido de anuncio económico: explica lo técnico sin perder el rigor ni la temperatura política que ese tecnicismo esconde. En La Cabeza y el Sombrero de Radio Independencia, habló de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el oficialismo empujó al Congreso, y fue directa desde el arranque: "la implicancia que tiene la reforma en sí significa volver a la carta orgánica que tenía el Banco Central anteriormente", la que "rigió incluso toda la época del 76 al 2012", redactada en sintonía con la Ley de Entidades Financieras que data "exactamente de ese gobierno de facto", con el Ministerio de Economía en manos de José Alfredo Martínez de Hoz.
Hay causas judiciales que se entienden mejor si uno deja el Código Penal en el cajón y abre, en cambio, el calendario electoral. La causa Vialidad es una de ellas, y llamarla "causa" ya es, en rigor, un acto de cortesía hacia un expediente que tiene más de operación que de Justicia. Julia Perié, presidenta del Observatorio de Relaciones Internacionales y ex diputada del Parlasur, fue categórica al analizar la presentación que hizo Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pidiendo la revisión del proceso que la condenó: "la persecución a Cristina es una cuestión netamente política", dijo, sin matices, y no hizo falta que lo repitiera para que quedara instalado como el eje de toda la charla.
Un estudio nacional realizado por CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) sobre una muestra representativa de 2.000 personas encontró que la sociedad argentina mantiene acuerdos sólidos en torno a género y derechos sexuales y reproductivos, más allá de la polarización que domina el debate público. La socióloga Silvina Ramos, investigadora de la institución, presentó los resultados en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia.
Los mapas suelen parecer fríos. Colores, porcentajes, límites administrativos. Pero hay mapas que cuentan otra historia: la de quién controla el territorio y qué futuro se juega sobre él. En La Cabeza y el Sombrero, por Radio Independencia, la socióloga Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras, explicó el trabajo que dio origen al sitio https://www.observatoriodetierras.ar/ y que vuelve a cobrar relevancia a pocos días de que el Senado trate el proyecto para derogar la Ley de Tierras. "Lo que está en juego es el control sobre nuestros recursos más estratégicos", resumió.