A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional por Unión por la Patria Horacio Pietragalla ubicó aquel episodio como un punto de inflexión en la vida democrática argentina. Para el legislador, el intento de magnicidio no puede analizarse separado de un proceso previo de “deshumanización”, circulación de noticias falsas, demonización de dirigentes y persecución judicial que, según sostuvo, terminó por poner en cuestión el pacto democrático construido desde la recuperación institucional.
“Lo que significativamente cambió fue el pacto democrático que había a partir de la vuelta de la democracia”, planteó Pietragalla en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia. En su lectura, ese acuerdo fue deteriorándose a partir de la acción combinada de “lugares concentrados de poder”, medios de comunicación y sectores económicos contra dirigentes políticos que enfrentaron intereses establecidos. “Esa tensión pasó un límite con la deshumanización, con mentiras, con noticias falsas, con lo que llamamos guerra jurídica, que es el lawfare que se aplicó en toda la región a distintos dirigentes”, señaló.
El 1 de septiembre de 2022, ese proceso tuvo su expresión más brutal. El arma apuntó, pero el disparo no salió. Para Pietragalla, sin embargo, la discusión posterior mostró que el problema no terminaba allí. Recordó la paradoja de aquellas tapas periodísticas que hablaban de “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá” mientras, al mismo tiempo, avanzaba una condena judicial contra Cristina. “Se agitó para que haya un odio desmedido para cuando se tome la decisión de poder condenar a Cristina y proscribirla”, afirmó. Y cuestionó que todavía no se haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del atentado.
En ese punto, el diputado puso el foco sobre la investigación judicial y las irregularidades que, según denunció, impidieron avanzar sobre esa dimensión del caso. Consideró que se conoció quiénes intentaron concretar el asesinato, pero no quiénes estuvieron detrás de la planificación. Y resumió la que considera una de las mayores paradojas del escenario actual: “tanto Brenda Uliarte como Fernando Sabag Montiel, una vez que cumplan condena, pueden ser candidatos a lo que quieran y Cristina, no”. La frase condensa una discusión que excede largamente a una dirigente y alcanza, en su interpretación, las condiciones mismas de la competencia democrática.
Porque allí aparece la segunda pregunta: si el mecanismo utilizado contra Cristina puede repetirse con cualquier otro dirigente. Pietragalla sostuvo que algunos integrantes de la política ya advierten ese riesgo y otros todavía no. “Si pudieron con Cristina pueden con nosotros”, sintetizó. Para el diputado, la proscripción tiene entonces un efecto disciplinador sobre toda la dirigencia: no se trata solamente de impedir una candidatura, sino de establecer un límite sobre hasta dónde puede llegar un dirigente cuando decide confrontar con determinados poderes.
“Es un adoctrinamiento a la clase política”, afirmó. Y calificó como “muy peligroso” que una dirigente política esté detenida y, a la vez, impedida de competir electoralmente. En su razonamiento, la consecuencia excede el destino político de Cristina: condiciona la posibilidad de que otros dirigentes den “las batallas que hay que dar” por una mejor distribución de la riqueza, mayor igualdad social y mejores condiciones de vida. La proscripción, planteó, opera así como una advertencia colectiva. Un mensaje que no necesita demasiadas palabras porque tiene un ejemplo concreto.
Pietragalla también habló de cómo encuentra a Cristina en este escenario. La describió como una dirigente que continúa preparándose, estudiando y manteniéndose activa, convencida de que las circunstancias pueden cambiar. “Es la compañera con más responsabilidad de todos nosotros y de todas”, sostuvo, y la definió como “la dirigente con más capacidad de llevar adelante un gobierno en este país”. En su balance, reivindicó los resultados de sus gestiones de gobierno y sostuvo que Cristina mantiene la expectativa de volver a ocupar un lugar central si la política vuelve a ofrecerle esa posibilidad.
La conversación también pasó por el documento firmado y el acto en San José 1111, donde distintos espacios políticos plantearon que la democracia no admite la eliminación del adversario. Pietragalla aclaró una cuestión que, según señaló, generó interpretaciones equivocadas: no se trató de un documento firmado por gobernadores, sino por partidos políticos. Dentro del campo nacional y popular, dijo, estuvieron las firmas de los espacios que vienen cuestionando la detención de Cristina. También valoró que sectores de la izquierda, aun desde posiciones políticas e ideológicas diferentes, hayan denunciado lo que consideran la arbitrariedad de la prisión domiciliaria.
El planteo deja una escena política bastante menos cómoda que la de una simple pelea entre oficialismo y oposición. Si la discusión fuera únicamente sobre Cristina, alcanzaría con ubicarla en el mapa de las identidades partidarias. Pero Pietragalla propone otra lectura: la pregunta es qué ocurre con la democracia cuando una dirigente que conserva capacidad electoral queda fuera de competencia por decisión judicial. Y, sobre todo, qué aprende el resto de la clase política de ese episodio. La cuestión, en definitiva, no sería solamente quién puede ser candidato hoy, sino quién se anima a serlo mañana.
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La sesión que no consiguió reunir el quórum el jueves 15 no fue el triunfo que celebró el oficialismo. Para Blanca Osuna, diputada nacional de Unión por la Patria, la convocatoria a una nueva sesión para el miércoles 21, con temas impulsados por la oposición, demuestra que la presión política y social puede modificar la agenda parlamentaria. Discapacidad, endeudamiento de las familias y límites a la usura son algunos de los asuntos que el Gobierno no quería discutir y que ahora deberá enfrentar en el recinto. “Es un triunfo a lo Pirro”, sostuvo Osuna sobre la satisfacción que exhibió el presidente de la Cámara de Diputados ante la falta de quórum. En La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, la legisladora vinculó ese retroceso con las movilizaciones de jubilados, las organizaciones de personas con discapacidad y las protestas estudiantiles, que mantienen sus reclamos pese a la represión.
La diputada nacional por Unión por la Patria, Julieta Campo, convocó a movilizarse este jueves 15 de octubre en defensa de la soberanía nacional y reclamó respaldo popular para rechazar el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados. “De nada sirve lo que hagamos dentro del recinto si afuera no tenemos una movilización, un respaldo popular y una expresión de la gente para poder decir que este es un límite que hay que ponerle a un gobierno que realmente está poniendo en venta a la Argentina”, sostuvo en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia. La sesión especial buscará reunir los 129 diputados necesarios para dar quórum y avanzar con el rechazo del decreto, que ya fue rechazado por el Senado en 2024.
La Ley de Tierras volvió a estar vigente de manera provisoria, pero para Julieta Caggiano, docente, socióloga y miembro del Observatorio de Tierras, el problema excede la discusión jurídica. La especialista cuestionó los tiempos de la Corte Suprema y la incertidumbre que dejó su decisión sobre una norma que limita la extranjerización de tierras rurales. “Nosotros creemos en el arbitraje casi como un brazo político de las instituciones del Gobierno, lo cual vuelve muy grave la situación para nuestra democracia”, sostuvo en La Cabeza y el Sombrero, por Radio Independencia. La preocupación central es que la restitución no constituye una solución definitiva: la Corte devolvió el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie sobre la cuestión. Mientras tanto, la protección legal queda sujeta a una disputa que todavía no terminó.
Hay decisiones judiciales que parecen hablar de una ley y terminan hablando de algo bastante más grande. Para Florencia Gómez, abogada, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales y coautora de la Ley de Tierras sancionada en 2011, la decisión de la Corte Suprema -con Carlos Rosenkrantz, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti como integrantes- sobre esa norma tiene precisamente ese problema: no se trata solamente de qué pasa con las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, sino de qué entiende el máximo tribunal por soberanía y, todavía más incómodo, quién tiene derecho a defenderla.
La causa por las torturas denunciadas por exconscriptos durante la guerra de Malvinas lleva casi dos décadas y acaba de atravesar un nuevo punto de inflexión. El profesor Héctor Ortega, referente de la Fundación Soberanía y Memoria, explicó en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, que la Cámara Federal de Casación rechazó una denuncia por falso testimonio contra los veteranos querellantes porque los relatos sobre los malos tratos están respaldados por documentación oficial desclasificada.