Nacionales: Tierras, soberanía y una Corte que acaba de meterse en un problema
07/10/2026 | 28 visitas
Hay decisiones judiciales que parecen hablar de una ley y terminan hablando de algo bastante más grande. Para Florencia Gómez, abogada, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales y coautora de la Ley de Tierras sancionada en 2011, la decisión de la Corte Suprema -con Carlos Rosenkrantz, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti como integrantes- sobre esa norma tiene precisamente ese problema: no se trata solamente de qué pasa con las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, sino de qué entiende el máximo tribunal por soberanía y, todavía más incómodo, quién tiene derecho a defenderla.
“Estamos en un momento clave”, dijo al comienzo de la entrevista en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, antes de meterse de lleno en el tema, porque para ella hay otra pregunta que no puede quedar afuera: qué papel juega el Poder Judicial cuando existen leyes de emergencia, como las de discapacidad o financiamiento universitario, que no se cumplen.
La Ley de Tierras nació, recordó Gómez, mirando un futuro que hoy parece menos lejano de lo que entonces podía imaginarse. Argentina era pensada como productora de alimentos y como un país con recursos estratégicos frente a un mundo que se encaminaba hacia una población de 9.000 millones de personas. Quince años después, dice, la discusión se amplió: tierra, agua, energía y minerales críticos no solamente interesan por los alimentos, sino también por la generación de energía y por negocios tecnológicos que necesitan enormes cantidades de recursos.
Y ahí aparece el fallo. Gómez reconstruyó el camino desde el decreto de diciembre de 2023 que derogó la Ley de Tierras hasta el planteo judicial de los excombatientes del CECIM y el fallo favorable de la Cámara Federal de La Plata, que había considerado a la soberanía como un bien jurídico que debía ser protegido. La Corte, según su lectura de lo ocurrido esta semana, dio vuelta ese razonamiento. “Lo que ha hecho hoy la Corte Suprema es tomar la decisión de que puedan venir los Lewis de la vida, los Benetton, los Peter Thiel del mundo a querer comprar tierras sin ninguna limitación”. Y ahí está, para ella, el verdadero escándalo: “lo que más me preocupa es que la Corte Suprema diga que la soberanía no es algo que podamos defender”.
Porque entonces la pregunta deja de ser quién puede comprar una tierra y pasa a ser quién puede ir a reclamar cuando lo que está en juego es el territorio. Gómez insiste sobre ese punto hasta llevarlo a una situación deliberadamente extrema: “mañana nos ponen una base naval norteamericana en Añelo y no podemos ir a defender la soberanía, ni siquiera los tipos que han dado su vida por la patria”. Si el CECIM no tiene legitimidad para plantearlo, se pregunta: "¿quién la tiene? ¿Hay que esperar a que todo ocurra para después buscar una cuestión ambiental, un daño concreto, una consecuencia que habilite el reclamo? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que vengan todos los extranjeros, compren y reclamar después? No tiene sentido reclamar después”. La frase tiene algo de paradoja jurídica y bastante de sentido común: si la soberanía no puede defenderse antes de que se pierda, ¿en qué momento se supone que debe ser defendida?
Gómez también lee lo ocurrido como una especie de encerrona para la propia Corte. Un tribunal que, durante mucho tiempo, pudo permanecer relativamente fuera de la discusión pública ahora quedó expuesto a una discusión política y social que ya no parece exclusivamente judicial. “Es una escisión total de la sociedad”, definió Gómez, al hablar de la distancia que percibe entre los jueces y la vida cotidiana de quienes no llegan a fin de mes, se endeudan para comer o pagar servicios y atraviesan una situación económica que ella considera cada vez más intolerable.
Habló también de los privilegios y de la falta de transparencia que atribuye al Poder Judicial, de sus remuneraciones, de las declaraciones patrimoniales y del impuesto a las Ganancias. Y contó que, pocos días después de la decisión, una reunión de jueces en un hotel cinco estrellas de San Martín de los Andes terminó con personas protestando en la puerta.
Para Gómez, algo cambió: “a los jueces no les gusta que se hable de ellos, que se los nombre, que aparezcan sus caras en las redes sociales”. Pero ahora, sostiene, la discusión ya está instalada. Y puede crecer en la calle, en los tribunales y en la conversación cotidiana. “La Patria no se vende”, repite, recuperando una consigna que consiguió atravesar el cerco mediático en torno a Malvinas. La disputa por la tierra, en su mirada, terminó convirtiéndose en algo bastante más grande que una ley: una discusión sobre qué país queda, quién decide sobre sus recursos y qué significa, en la práctica, eso que durante décadas pareció una palabra demasiado grande para la vida cotidiana: soberanía.
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