La causa por las torturas denunciadas por exconscriptos durante la guerra de Malvinas lleva casi dos décadas y acaba de atravesar un nuevo punto de inflexión. El profesor Héctor Ortega, referente de la Fundación Soberanía y Memoria, explicó en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, que la Cámara Federal de Casación rechazó una denuncia por falso testimonio contra los veteranos querellantes porque los relatos sobre los malos tratos están respaldados por documentación oficial desclasificada.
“A los 19 años de haber iniciado este juicio, la Justicia reconoce que lo que sucedió en Malvinas es verdad. Hubo tortura, hubo malos tratos, todo eso que denunciaron los soldados existe”, sostuvo Ortega, quien recordó que las primeras denuncias fueron presentadas en 2007 y que la causa llegó a la Justicia Federal de Río Grande, con jurisdicción sobre las islas.
Para Ortega, el valor de este nuevo movimiento judicial está también en que permite salir de una mirada única sobre la guerra. La investigación comenzó a tomar contacto con testimonios de soldados que, después de ver la película Iluminados por el fuego, comenzaron a contar situaciones que hasta entonces permanecían silenciadas: soldados estaqueados, enterrados hasta el cuello, golpeados, privados de alimentos y sometidos a distintos castigos por parte de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. “No fueron todos los oficiales y suboficiales. Fue una minoría. Pero esa minoría no puede quedar diluida en la nada ante semejantes actos”, afirmó. Y puso el foco en una contradicción que atraviesa toda la historia: “tuvimos conscriptos, los pobres paíchos que salieron del monte para ir a defender a la Argentina, que tuvieron dos enemigos: los ingleses y sus propios oficiales”.
La documentación incorporada a la causa, según relató Ortega, amplió de manera decisiva aquello que hasta entonces estaba sostenido fundamentalmente por los testimonios de los excombatientes. Los archivos de Malvinas desclasificados en 2015, explicó, contienen actualmente unas 134 mil fojas y allí aparecen incluso reconocimientos de las propias Fuerzas Armadas sobre hechos que no fueron juzgados.
“No juzgamos oficiales que fingieron enfermedad para volver al continente. No juzgamos oficiales que se replegaron del frente y dejaron sola a la tropa. No juzgamos oficiales y suboficiales que a golpe de puño tuvieron a los soldados, les orinaron encima, los estaquearon y los privaron de alimento”, relató. Ortega contó además que encontró restos de huesos de oveja en lugares donde habían estado destinados jefes militares y vinculó ese hallazgo con los testimonios sobre el hambre que padecieron los soldados. “No es que se nos ocurrió ir en contra de las Fuerzas Armadas porque somos tarados. Hicimos un trabajo de investigación”, remarcó.
La historia que Ortega busca poner sobre la mesa no pretende negar el heroísmo de quienes combatieron, sino discutir qué significa recordar Malvinas en toda su dimensión. Por eso recuperó los casos de Rubén Asensio y de Sinchicay, dos soldados originarios que, aun después de haber sufrido castigos, volvieron a sus posiciones para continuar combatiendo. “El tipo fue con su torturador para seguir defendiendo a la patria”, contó sobre Sinchicay.
Y cerró con una pregunta que excede el expediente judicial: “¿realmente sabemos la historia de Malvinas? ¿Por qué la ocultamos?”. Para el profesor, reconocer esas historias no achica la causa de la soberanía; por el contrario, permite recordar a quienes defendieron las islas con una mirada más completa. “Esas historias hacen grande a la Argentina”, sostuvo.
La sesión que no consiguió reunir el quórum el jueves 15 no fue el triunfo que celebró el oficialismo. Para Blanca Osuna, diputada nacional de Unión por la Patria, la convocatoria a una nueva sesión para el miércoles 21, con temas impulsados por la oposición, demuestra que la presión política y social puede modificar la agenda parlamentaria. Discapacidad, endeudamiento de las familias y límites a la usura son algunos de los asuntos que el Gobierno no quería discutir y que ahora deberá enfrentar en el recinto. “Es un triunfo a lo Pirro”, sostuvo Osuna sobre la satisfacción que exhibió el presidente de la Cámara de Diputados ante la falta de quórum. En La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, la legisladora vinculó ese retroceso con las movilizaciones de jubilados, las organizaciones de personas con discapacidad y las protestas estudiantiles, que mantienen sus reclamos pese a la represión.
La diputada nacional por Unión por la Patria, Julieta Campo, convocó a movilizarse este jueves 15 de octubre en defensa de la soberanía nacional y reclamó respaldo popular para rechazar el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados. “De nada sirve lo que hagamos dentro del recinto si afuera no tenemos una movilización, un respaldo popular y una expresión de la gente para poder decir que este es un límite que hay que ponerle a un gobierno que realmente está poniendo en venta a la Argentina”, sostuvo en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia. La sesión especial buscará reunir los 129 diputados necesarios para dar quórum y avanzar con el rechazo del decreto, que ya fue rechazado por el Senado en 2024.
La Ley de Tierras volvió a estar vigente de manera provisoria, pero para Julieta Caggiano, docente, socióloga y miembro del Observatorio de Tierras, el problema excede la discusión jurídica. La especialista cuestionó los tiempos de la Corte Suprema y la incertidumbre que dejó su decisión sobre una norma que limita la extranjerización de tierras rurales. “Nosotros creemos en el arbitraje casi como un brazo político de las instituciones del Gobierno, lo cual vuelve muy grave la situación para nuestra democracia”, sostuvo en La Cabeza y el Sombrero, por Radio Independencia. La preocupación central es que la restitución no constituye una solución definitiva: la Corte devolvió el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie sobre la cuestión. Mientras tanto, la protección legal queda sujeta a una disputa que todavía no terminó.
Hay decisiones judiciales que parecen hablar de una ley y terminan hablando de algo bastante más grande. Para Florencia Gómez, abogada, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales y coautora de la Ley de Tierras sancionada en 2011, la decisión de la Corte Suprema -con Carlos Rosenkrantz, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti como integrantes- sobre esa norma tiene precisamente ese problema: no se trata solamente de qué pasa con las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, sino de qué entiende el máximo tribunal por soberanía y, todavía más incómodo, quién tiene derecho a defenderla.
El presupuesto no solamente dice cuánto va a gastar un gobierno: también dice qué considera importante y qué está dispuesto a resignar. Para la contadora y economista Graciela Treber, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno nacional vuelve a poner al ajuste en el centro de la escena, con una reducción del gasto que, una vez homogeneizados los datos y descontado el efecto de la inflación, ronda el 27% respecto del presupuesto vigente de 2026.