Nacionales: Ley de Tierras: una restitución provisoria y diez días sin control
13/10/2026 | 25 visitas
La Ley de Tierras volvió a estar vigente de manera provisoria, pero para Julieta Caggiano, docente, socióloga y miembro del Observatorio de Tierras, el problema excede la discusión jurídica. La especialista cuestionó los tiempos de la Corte Suprema y la incertidumbre que dejó su decisión sobre una norma que limita la extranjerización de tierras rurales. “Nosotros creemos en el arbitraje casi como un brazo político de las instituciones del Gobierno, lo cual vuelve muy grave la situación para nuestra democracia”, sostuvo en La Cabeza y el Sombrero, por Radio Independencia. La preocupación central es que la restitución no constituye una solución definitiva: la Corte devolvió el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie sobre la cuestión. Mientras tanto, la protección legal queda sujeta a una disputa que todavía no terminó.
Para entender el conflicto hay que volver al DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei intentó derogar la Ley de Tierras. Según reconstruyó Caggiano, un amparo del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata permitió mantener la norma vigente, mientras el oficialismo buscaba avanzar por otra vía con un proyecto sobre propiedad privada que incluía su derogación.
Al no reunir los votos necesarios en el Senado, el Gobierno debió retirar esa iniciativa. La movilización nacional del 6 de agosto también expresó el rechazo a la modificación. En ese escenario llegó la decisión judicial que abrió una ventana de diez días durante la cual, según la interpretación del Observatorio, la ley dejó de regir. Caggiano vinculó esa secuencia con el viaje de Milei y trece gobernadores a París para buscar inversiones. “Por el momento en que lo hacen, la lectura que nosotros hacemos es que lo que quieren, en realidad, es que no se rechace el DNU en Diputados”, planteó.
¿Qué ocurrió durante esos diez días? La respuesta, por ahora, es que no se sabe. Caggiano aclaró que el Observatorio no cuenta con información concreta sobre eventuales operaciones realizadas durante ese período, pero advirtió que la sola posibilidad de que se hayan efectuado transacciones sin los controles habituales constituye un problema. La eliminación de la Ley de Tierras no afecta únicamente los límites a la propiedad extranjera: también compromete el Registro Nacional de Tierras Rurales, una herramienta para conocer y controlar esas operaciones.
La especialista señaló que el riesgo alcanza a todas las provincias y mencionó que referentes del Observatorio mantuvieron contactos con el gobernador bonaerense Axel Kiciloff para aportar información sobre la necesidad de proteger las tierras rurales. “Vamos a enterarnos en unos años cuando nos encontremos con un experto”, advirtió sobre las consecuencias de perder la capacidad estatal de registrar esas transacciones.
El debate tampoco se reduce a cuántas hectáreas pueden quedar en manos extranjeras. Caggiano afirmó que actualmente hay más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas en la Argentina y distinguió entre los extranjeros que eligen vivir en el país y los grandes capitales radicados fuera de él. El foco de su preocupación está en las operaciones que involucran territorios estratégicos por sus recursos naturales, su ubicación fronteriza o su acceso a vías navegables. “No hay que pensarlo solo como ‘compraron cierta cantidad de hectáreas’, sino como enclaves económicos muy poderosos”, explicó.
En esa descripción incluyó zonas con glaciares, lagos, cabeceras de cuencas y áreas próximas al río Paraná o a pasos bioceánicos. Para la socióloga, la cuestión es qué capacidad conserva el Estado para negociar con esos actores, establecer condiciones y evaluar qué beneficios concretos quedan en las comunidades donde se instalan.
En esa discusión aparece otro interrogante: qué obtiene el país cuando una gran empresa utiliza recursos esenciales como el agua y la energía. Caggiano mencionó a compañías y empresarios internacionales para ilustrar la escala de los intereses en juego y cuestionó los modelos de explotación que consumen recursos locales sin generar suficiente empleo. “Un país soberano debería poder negociar: ‘¿Vas a querer instalar esto? ¿Cuántos puestos de trabajo va a generar? ¿Qué le queda a la población local?’”, planteó.
Su objeción apunta a que la disponibilidad de recursos naturales no garantiza por sí misma desarrollo para la población. Sin herramientas de regulación y sin información sobre las operaciones, sostuvo, el país corre el riesgo de entregar capacidad de decisión sobre territorios estratégicos sin poder evaluar de manera adecuada sus costos y beneficios.
Caggiano también vinculó la disputa por la Ley de Tierras con la convocatoria a movilizarse el 15 de octubre, cuando se buscará rechazar el DNU 70/2023 en el Congreso. Para la integrante del Observatorio, la jornada reúne reclamos por la educación universitaria, la docencia y la defensa de derechos que considera afectados por las políticas del Gobierno nacional. “Me parece que hay mucho para ponerle un freno contundente con la sociedad a esto y recuperar nuestros instrumentos democráticos”, sostuvo.
La discusión sobre la tierra, en ese marco, no queda encerrada en los tribunales: involucra la capacidad del Estado para conocer y regular la propiedad rural, proteger recursos estratégicos y definir qué modelo de desarrollo quiere sostener. La restitución provisoria de la ley resuelve una parte inmediata del conflicto, pero deja abierta la pregunta de fondo: cuánto puede durar una protección que depende de decisiones judiciales todavía pendientes.
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