La diputada nacional por Unión por la Patria, Julieta Campo, convocó a movilizarse este jueves 15 de octubre en defensa de la soberanía nacional y reclamó respaldo popular para rechazar el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados. “De nada sirve lo que hagamos dentro del recinto si afuera no tenemos una movilización, un respaldo popular y una expresión de la gente para poder decir que este es un límite que hay que ponerle a un gobierno que realmente está poniendo en venta a la Argentina”, sostuvo en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia. La sesión especial buscará reunir los 129 diputados necesarios para dar quórum y avanzar con el rechazo del decreto, que ya fue rechazado por el Senado en 2024.
Campo planteó que el DNU 70/23 es mucho más que una herramienta de desregulación económica: lo definió como “la madre de las desgracias” por las consecuencias que, según sostuvo, tiene sobre distintos aspectos de la vida cotidiana. Entre ellos mencionó la derogación de la Ley de Alquileres, que vinculó con aumentos que duplicaron la inflación, y la liberación de las tasas de interés de bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales. “No es una relación de iguales” la que existe entre inquilinos y propietarios, afirmó, y cuestionó que se presente como un acuerdo entre privados una relación en la que una de las partes está en una posición más débil. También relacionó las tasas de interés con el endeudamiento que hoy padecen las familias.
La Ley de Tierras ocupa un lugar central en esa disputa. La diputada explicó que la norma busca limitar la compra de tierras por parte de extranjeros y proteger espacios estratégicos, entre ellos zonas de frontera y recursos como ríos, lagos y lagunas. La derogación impulsada por el decreto quedó frenada por planteos judiciales, entre ellos el de un centro de excombatientes de Malvinas de La Plata. Campo cuestionó la decisión de la Corte Suprema de volver a poner el tema en discusión y cargó contra sus integrantes: “parecen monarcas, parecen reyes y no jueces”. En su lectura, el conflicto excede una discusión jurídica y pone en juego quién tiene la potestad de decidir sobre la soberanía y los recursos del país.
La legisladora también vinculó el rechazo a la Ley de Tierras con la movilización popular y la defensa de la causa Malvinas. Recordó la repercusión de la bandera “Las Malvinas son argentinas” durante el Mundial y sostuvo que aquel clima contribuyó a expresar un rechazo que atravesó a distintos sectores. Ahora, frente a la incertidumbre sobre posibles operaciones realizadas durante el período en que se habilitó la derogación, reconoció que no tienen información concreta sobre qué pudo haber ocurrido. “Si se hicieron operaciones en este sentido en estos días que la Corte habilitó la derogación de la Ley de Tierras, se va a tener que dar una batalla en el plano judicial”, afirmó. El bloque impulsará un pedido de informes para conocer qué operaciones se realizaron y en qué condiciones.
Campo describió tres frentes de acción: el Congreso, las calles y la Justicia. En Diputados, el objetivo es reunir el quórum para rechazar el DNU; en el plano judicial, acompañar los reclamos de organizaciones que cuestionan la derogación; y en las calles, sumar fuerzas en una jornada que coincidirá con la marcha federal universitaria. La convocatoria, explicó, busca reunir también reclamos por el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. “Vamos a unir todas las luchas para salir en todas las plazas del país el jueves”, dijo, con la idea de que la movilización no quede encerrada en una sola demanda ni en una identidad partidaria.
Para conseguir los 129 diputados, Campo pidió a la ciudadanía que reclame a través de las redes sociales a los representantes de otros bloques que ocupen sus bancas. “Cada cual que fue elegido por los argentinos fue elegido para que las cosas mejoren, no para que empeoren”, señaló. Y contrapuso la riqueza del país y de Chaco con las dificultades que atraviesan jubilados, docentes y familias para comer, pagar la luz o comprar medicamentos. “Luchar sirve, salir a la calle sirve”, insistió. Para la diputada, el resultado de la disputa no depende únicamente de los votos dentro del Congreso: también de que la sociedad convierta su rechazo en una expresión colectiva capaz de ponerle un límite al Gobierno.
La sesión que no consiguió reunir el quórum el jueves 15 no fue el triunfo que celebró el oficialismo. Para Blanca Osuna, diputada nacional de Unión por la Patria, la convocatoria a una nueva sesión para el miércoles 21, con temas impulsados por la oposición, demuestra que la presión política y social puede modificar la agenda parlamentaria. Discapacidad, endeudamiento de las familias y límites a la usura son algunos de los asuntos que el Gobierno no quería discutir y que ahora deberá enfrentar en el recinto. “Es un triunfo a lo Pirro”, sostuvo Osuna sobre la satisfacción que exhibió el presidente de la Cámara de Diputados ante la falta de quórum. En La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, la legisladora vinculó ese retroceso con las movilizaciones de jubilados, las organizaciones de personas con discapacidad y las protestas estudiantiles, que mantienen sus reclamos pese a la represión.
La Ley de Tierras volvió a estar vigente de manera provisoria, pero para Julieta Caggiano, docente, socióloga y miembro del Observatorio de Tierras, el problema excede la discusión jurídica. La especialista cuestionó los tiempos de la Corte Suprema y la incertidumbre que dejó su decisión sobre una norma que limita la extranjerización de tierras rurales. “Nosotros creemos en el arbitraje casi como un brazo político de las instituciones del Gobierno, lo cual vuelve muy grave la situación para nuestra democracia”, sostuvo en La Cabeza y el Sombrero, por Radio Independencia. La preocupación central es que la restitución no constituye una solución definitiva: la Corte devolvió el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie sobre la cuestión. Mientras tanto, la protección legal queda sujeta a una disputa que todavía no terminó.
Hay decisiones judiciales que parecen hablar de una ley y terminan hablando de algo bastante más grande. Para Florencia Gómez, abogada, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales y coautora de la Ley de Tierras sancionada en 2011, la decisión de la Corte Suprema -con Carlos Rosenkrantz, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti como integrantes- sobre esa norma tiene precisamente ese problema: no se trata solamente de qué pasa con las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, sino de qué entiende el máximo tribunal por soberanía y, todavía más incómodo, quién tiene derecho a defenderla.
La causa por las torturas denunciadas por exconscriptos durante la guerra de Malvinas lleva casi dos décadas y acaba de atravesar un nuevo punto de inflexión. El profesor Héctor Ortega, referente de la Fundación Soberanía y Memoria, explicó en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, que la Cámara Federal de Casación rechazó una denuncia por falso testimonio contra los veteranos querellantes porque los relatos sobre los malos tratos están respaldados por documentación oficial desclasificada.
El presupuesto no solamente dice cuánto va a gastar un gobierno: también dice qué considera importante y qué está dispuesto a resignar. Para la contadora y economista Graciela Treber, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno nacional vuelve a poner al ajuste en el centro de la escena, con una reducción del gasto que, una vez homogeneizados los datos y descontado el efecto de la inflación, ronda el 27% respecto del presupuesto vigente de 2026.