El presupuesto no solamente dice cuánto va a gastar un gobierno: también dice qué considera importante y qué está dispuesto a resignar. Para la contadora y economista Graciela Treber, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno nacional vuelve a poner al ajuste en el centro de la escena, con una reducción del gasto que, una vez homogeneizados los datos y descontado el efecto de la inflación, ronda el 27% respecto del presupuesto vigente de 2026.
Y hay algo que le llama particularmente la atención: “el Gobierno manda este tipo de presupuesto al Congreso en un año electoral”. En su lectura, el recorte alcanza partidas sensibles y aparece acompañado por incrementos en otras áreas, entre ellas la SIDE y los fondos discrecionales de la Jefatura de Gabinete. “No sé qué destino le van a dar esos fondos, entre comillas, reservados de la Jefatura de Gabinete”, planteó en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, vinculando además ese aumento con el debate de la Ley de Seguridad Interior.
Donde Treber encuentra uno de los impactos más fuertes es en las jubilaciones. Según explicó, el proyecto prevé una disminución del 60% en las partidas jubilatorias, en un escenario donde además desaparecen las moratorias previsionales y muchas personas que no alcanzaron los años de aportes quedarían fuera de la jubilación ordinaria. “La única opción que tienen es la PUAM, que es una asignación del 80% de lo que le hubiera correspondido de jubilación”, señaló.
Y el problema, para la economista, no termina allí: también observa reducciones en discapacidad, medicamentos, ciencia y técnica y transferencias a provincias y municipios. “Enviar un presupuesto de este tipo hace que sea usado, en cierta forma, en una forma, ¿cómo puedo explicarlo elegantemente?”, dijo durante la entrevista. En ese punto, Treber pone en discusión la relación entre Nación y provincias y recuerda aquellas épocas en que se hablaba del “látigo y la billetera”, pero en un contexto donde existían transferencias y fondos para obras. Ahora, sostiene, “las transferencias tanto a provincias como municipios van a estar fuertemente afectadas”.
El otro gran problema que plantea es cómo se financia ese Estado que ajusta. Treber sostiene que el presupuesto se apoya fundamentalmente en impuestos regresivos, especialmente sobre el consumo, y menciona el IVA y el impuesto a los combustibles, cuya suba prevista ronda el 60%. Pero su cuestionamiento va más allá de los porcentajes y alcanza la manera en que se mide la inflación. “Una inflación del 18% es pensar que va a haber un 1,4 mensual más o menos el año que viene y la verdad que yo lo veo bastante lejos”, sostuvo.
Para Treber, además, el índice de precios al consumidor dejó de representar adecuadamente el gasto cotidiano de las familias porque continúa utilizando una canasta basada en pautas de consumo de 2004. “Medir la inflación con una canasta del 2004 es decir que el INDEC no está midiendo nada, o está midiendo lo que quiere el gobierno más mostrar”, afirmó. Y puso un ejemplo tan sencillo como contundente: esa canasta todavía contempla la telefonía fija, mientras que hoy una familia debe afrontar gastos de luz, gas, transporte, internet y telefonía celular, servicios cuyo peso sobre los ingresos aumentó y que, además, pueden ser interrumpidos si no se pagan.
Ahí aparece, quizás, la diferencia entre el presupuesto que se escribe en una planilla y el presupuesto que cada familia arma todos los meses para sobrevivir. “Antes era al revés: la familia comía y los servicios los pagaba después. Hoy día paga los servicios y lo que le queda, lo que le queda lo tiene que destinar a comida, no le alcanza y se endeuda”, describió Treber.
Por eso también cuestiona que una inflación oficial del 1,7% pueda convivir con la experiencia cotidiana de quienes llegan cada vez con menos margen a fin de mes. “La gente se le ríe en la cara cuando le dicen que el mes pasado tuvo un incremento de 1,7”, afirmó. Y encontró una paradoja en el modo en que el Gobierno presenta el equilibrio fiscal y la baja de la inflación como sus principales logros: “yo recuerdo en el Grupo A en el Congreso mostrando un cartel de la inflación Congreso, calculada por ellos, en 1,6, 1,7, que les parecía escandalosa. Bueno, parece que en otros momentos esa inflación era escandalosa y hoy es maravillosa”.
En los números del Presupuesto 2027, entonces, Treber no solamente lee cuánto se recorta: lee también quiénes deberán pagar el costo de que las cuentas cierren.
La sesión que no consiguió reunir el quórum el jueves 15 no fue el triunfo que celebró el oficialismo. Para Blanca Osuna, diputada nacional de Unión por la Patria, la convocatoria a una nueva sesión para el miércoles 21, con temas impulsados por la oposición, demuestra que la presión política y social puede modificar la agenda parlamentaria. Discapacidad, endeudamiento de las familias y límites a la usura son algunos de los asuntos que el Gobierno no quería discutir y que ahora deberá enfrentar en el recinto. “Es un triunfo a lo Pirro”, sostuvo Osuna sobre la satisfacción que exhibió el presidente de la Cámara de Diputados ante la falta de quórum. En La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, la legisladora vinculó ese retroceso con las movilizaciones de jubilados, las organizaciones de personas con discapacidad y las protestas estudiantiles, que mantienen sus reclamos pese a la represión.
La diputada nacional por Unión por la Patria, Julieta Campo, convocó a movilizarse este jueves 15 de octubre en defensa de la soberanía nacional y reclamó respaldo popular para rechazar el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados. “De nada sirve lo que hagamos dentro del recinto si afuera no tenemos una movilización, un respaldo popular y una expresión de la gente para poder decir que este es un límite que hay que ponerle a un gobierno que realmente está poniendo en venta a la Argentina”, sostuvo en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia. La sesión especial buscará reunir los 129 diputados necesarios para dar quórum y avanzar con el rechazo del decreto, que ya fue rechazado por el Senado en 2024.
La Ley de Tierras volvió a estar vigente de manera provisoria, pero para Julieta Caggiano, docente, socióloga y miembro del Observatorio de Tierras, el problema excede la discusión jurídica. La especialista cuestionó los tiempos de la Corte Suprema y la incertidumbre que dejó su decisión sobre una norma que limita la extranjerización de tierras rurales. “Nosotros creemos en el arbitraje casi como un brazo político de las instituciones del Gobierno, lo cual vuelve muy grave la situación para nuestra democracia”, sostuvo en La Cabeza y el Sombrero, por Radio Independencia. La preocupación central es que la restitución no constituye una solución definitiva: la Corte devolvió el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie sobre la cuestión. Mientras tanto, la protección legal queda sujeta a una disputa que todavía no terminó.
Hay decisiones judiciales que parecen hablar de una ley y terminan hablando de algo bastante más grande. Para Florencia Gómez, abogada, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales y coautora de la Ley de Tierras sancionada en 2011, la decisión de la Corte Suprema -con Carlos Rosenkrantz, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti como integrantes- sobre esa norma tiene precisamente ese problema: no se trata solamente de qué pasa con las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, sino de qué entiende el máximo tribunal por soberanía y, todavía más incómodo, quién tiene derecho a defenderla.
La causa por las torturas denunciadas por exconscriptos durante la guerra de Malvinas lleva casi dos décadas y acaba de atravesar un nuevo punto de inflexión. El profesor Héctor Ortega, referente de la Fundación Soberanía y Memoria, explicó en La Cabeza y el Sombrero, de Radio Independencia, que la Cámara Federal de Casación rechazó una denuncia por falso testimonio contra los veteranos querellantes porque los relatos sobre los malos tratos están respaldados por documentación oficial desclasificada.